El Tribunal Supremo israelí ha puesto en libertad a Ariadna Jové, la activista española detenida hace unos días por supuestas actividades ilegales en Gaza.
Ariadna Jové acudió a Palestina como cooperante de Internacional Solidarity Movement junto con su compañera Bridgitte Chappel. Las dos han sido puestas en libertad después de declarar y de pagar una fianza de casi 600 euros. Aún así no podrán salir de Israel hasta que no se celebre el juicio y no podrán volver a los territorios ocupados.
Israel sigue anunciando que estas dos cooperantes son una amenaza para la seguridad de Israel. Con estas detenciones este país viola los Acuerdos de Oslo, donde se establecía que determinadas zonas de Cisjordania sólo serían administradas por la Autoridad Nacional Palestina. La policía israelí violó ese territorio para detener a las dos activistas.
Estas detenciones parecen ser parte de una campaña más amplia de hostigamiento por parte de Israel a determinadas ONG y organizaciones internacionales. Parecen querer entorpecer la labor de este tipo de organizaciones que se lanzan a denunciar las violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados palestinos y la represión del ejército y la policía israelí contra los palestinos.
Yamile González, empleada de una firma contratista de la petrolera estatal Ecopetrol, fue entregada a una comisión encabezada por Camilo Castrillón, obispo de la localidad de Tibú, en el departamento de Norte de Santander. González fue capturada el 18 de septiembre junto al periodista Javier García y un conductor en el municipio de Teorama (unos 600 km al noreste de Bogotá).
El chófer fue liberado un día después y el periodista, compañero de trabajo de la mujer, el pasado 13 de noviembre. El ELN (segunda guerrilla del país, tras las FARC) había condicionado la puesta en libertad de la ingeniera a que se ejecutaran obras de desarrollo en la región de Catatumbo, a la que pertenece Tibú.
La firma para la que trabajan González y García realiza ese tipo de trabajos para Ecopetrol en las inmediaciones el oleoducto Caño Limón-Coveñas, el más importante del país, que es explotado por la multinacional Occidental Petroleum (Oxy) en sociedad con la empresa colombiana.
El 10 de diciembre de 2008 se cumple el 60 aniversario de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 217 A en 1948 en París y recoge los derechos básicos del ser humano.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos se compone de un preámbulo y treinta artículos donde se recogen derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural entre ellos los derechos fundamentales de libertad, igualdad, fraternidad y la no discriminación por razón de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra naturaleza, nacionalidad u origen social, posición económica, etc.
Se parte de la base de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos con el deber de tratarse fraternalmente entre ellos.
La Declaración de los Derechos Humanos prohíbe expresamente la esclavitud y la trata de esclavos y la servidumbre en cualquiera de sus formas, así como la tortura o el trato cruel, inhumano o degradante. También se garantiza la presunción de inocencia de las personas acusadas de cualquier tipo de delito hasta que no se demuestre su culpabilidad.
En 1948 el mundo acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, los horrores vividos en el mayor conflicto bélico de la historia de la humanidad con cifras de muertos que, dependiendo de los historiadores, varían desde los 50 millones de personas hasta los que la elevan a 100 y los actos de genocidio cometidos dejan a un mundo horrorizado y temeroso de que una página tan atroz de la historia mundial se volviera a repetir. De ahí emana esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, dotar al ser humano de unos derechos mínimos que deberían ser respetados en cualquier circunstancia.
